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El Defensor de la Infancia demandó a los funcionarios de la PDI por coerción ilegal de dos menores

La acción también tiene por objeto el delito de lesiones graves contra los niños de 14 y 12 años de edad, que fueron arrojados al suelo durante una operación policial en una comunidad de Angola. Uno de ellos incluso les dijo que no podía respirar.

La Defensora del Niño, Patricia Muñoz, presentó una denuncia penal contra funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI) por los delitos de lesiones corporales graves y coacción ilícita a raíz de una agresión contra dos menores en el municipio de Angol.

En la denuncia se indica que el adolescente de 14 años C.A.M.Ñ. y su primo de 12 años F.A.A.F. se encontraban en casa de su tía y su madre el 10 de septiembre, hacia las 14.30 horas, en un terreno del sector Huapi Trio Santa Ema, perteneciente a la Comunidad Autónoma Likankura, en el municipio de Angol.

Oficiales del IDP entraron al lugar «por medios violentos, gritando y golpeando» a la madre de C.A.M.Ñ., «supuestamente para encontrar en este lugar a un hermano de la señora que no vive en esta propiedad».

El texto añade que los oficiales arrojaron a la mujer al suelo y uno de ellos le sumergió la cara en un charco de agua y barro mientras la golpeaba con un palo. Los menores intervinieron y «trataron de separar a los policías de sus madres, por lo que uno de los policías investigadores atacó a la F.A.A.F., la inmovilizó y la tiró al suelo».

«Después de eso, otros policías trataron de reducir el C.A.M.Ñ., lo golpearon en la cabeza y el cuerpo, también lo tiraron al suelo y lo aplastaron, sosteniendo este ataque a pesar de que el niño les dijo que no podía respirar», agregó.

Antes de la reducción, el chico de 14 años grabó un video de las palizas de su madre, tía y prima en su teléfono móvil. Según el abogado defensor, el teléfono le fue «arrebatado por uno de los agentes de policía y, cuando exigió su devolución, se le dijo que lo había tirado, situación que demuestra la evidente intención de los agentes de policía implicados de eliminar cualquier registro de su delito».

Como resultado de los eventos, C.A.M.Ñ. sufrió graves heridas en su cara y lesiones de diversos grados de gravedad en su cuello, brazo izquierdo y rodillas. Además, en la denuncia se destaca que «tanto él como su primo F.A.A.F. han sufrido graves consecuencias psicológicas, a las que se suman sentimientos de culpa por no haber podido defender a sus madres contra el ataque policial, y que también han visto a estos policías disparar directamente a uno de sus perros mientras intervenían en la escena del crimen, sin poder determinar en ese momento si el disparo policial causó o no la muerte de su mascota».

La denuncia se dirige a los responsables como autores, cómplices o cómplices de los delitos. En ella, el abogado exige, entre otras cosas, que se interrogue a las víctimas, que el Servicio Médico Forense (SML) realice evaluaciones psicológicas de los dos menores, que el PDI aclare los detalles de los agentes que participaron en el procedimiento policial y que se recupere el vídeo grabado por el C.A.M.Ñ.